jueves, 13 de mayo de 2010

La República que proponemos (V)

Continuando con la serie de artículos en los que queremos explicar nuestro modelo de república, llegamos al cuarto eje sobre el que se debe asentar una futura Constitución de la III República: es la LAICIDAD.

Su antecedente, lo encontramos en el artículo 3º de la Constitución de 1931, según el cual, “el Estado no tiene religión oficial”. Este estatus cívico definido por la separación entre Iglesia y Estado, es junto con la ética, el pilar en el que se apoya la laicidad.

La Constitución de la III República, parte de la existencia de dos universos distintos: el del interés general y el de las convicciones personales. El interés general, es el “reino” de la política, donde nunca debe existir ni dios ni amo. Esta esfera, establece la interrelación que existe entre el individuo y el medio social en que desarrolla su existencia. Por eso, para que una sociedad logre construirse democráticamente, el lugar de la Soberanía Popular no debe ser usurpado por poderes económicos ni divinos que sustraigan al pueblo sus legítimas aspiraciones de Libertad, Igualdad y Fraternidad.

La otra cara de la moneda, es la esfera de las convicciones personales, en la cual el Estado debe asegurar la libertad de conciencia. La fe de unos no puede ser impuesta al resto de los ciudadanos. De este modo, la laicidad conduce a la justicia social por el camino de la democracia participativa y acompañada por la paz y el respeto a los Derechos Humanos.

Esta justicia social, trae consigo la Igualdad en derechos, deberes y oportunidades, por lo que deberán desaparecer inexorablemente los privilegios históricamente adquiridos por la Iglesia y otras élites minoritarias.

En el ámbito de la educación, para lograr la separación entre Iglesia y Estado y una verdadera libertad de conciencia, la religión dejará de impartirse en las escuelas. La instrucción laica, la escuela laica y el derecho a la formación y al aprendizaje de la crítica, son condiciones sine qua non para que el laicismo sea un aporte efectivo de cara a la consecución de la Igualdad.

La Constitución de la III República, derogará tajantemente el Concordato suscrito por el Estado con la Iglesia católica y el resto de acuerdos celebrados con otras confesiones minoritarias.

De este modo, la laicidad no excluye, integra y fomenta la coexistencia y relación permanente de cultura diversas, así como rechaza el racismo, la xenofobia y la segregación.

La República promoverá la integración cultural y la participación de todos los ciudadanos en una colectividad de libres e iguales en derechos y deberes.
La laicidad, impone al Estado el deber de proporcionar a todos los ciudadanos las herramientas necesarias para que forjen su propia personalidad, libre de compromisos, responsable de su desarrollo y dueño de su destino.

El Estado debe ser garante de evitar cualquier injerencia en el ámbito de las convicciones personales.

Así es como el Estado, a través de la promoción de la libertad de conciencia, trata de que la ciudadanía se despoje de todo aquello que aliene su pensamiento y sea caldo de cultivo de ideas preconcebidas, dogmáticas, que lleven a situaciones opresoras.

La libertad de conciencia, consustancial a la laicidad, es la Emancipación, más allá de la consideración de todos los dogmas (derecho a creer o no creer en Dios, autonomía del pensamiento frente a cualquier obligación religiosa, política o económica; liberación de los modos de vida referentes a los tabúes, las ideas dominantes y las reglas dogmáticas).

La consecuencia de la libertad de conciencia, es la libertad de expresión asentada sobre la tolerancia y el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. La laicidad fortalece la moral individual y la ética social.

El objetivo último de la laicidad que propugna la Constitución de la III República española, es forjar una sociedad Humana, libre de explotación y condicionamiento del hombre por el hombre, fanatismo, odio y violencia. Es decir: Socialismo.

Con todo lo expuesto, se puede afirmar que la III República, o será laica, o no será.

José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 10, página 8)

LA REPÚBLICA QUE PROPONEMOS (VI).

El quinto pilar sobre el que debe asentarse la tercera República que proponemos es LA AUSTERIDAD, valor netamente republicano y necesariamente inspirador de la actuación de sus instituciones públicas.
Austeridad, entendida como el único modo posible de lograr articular una sociedad basada en el desarrollo sostenible y en equilibrio ecológico con la naturaleza.
La austeridad es la cara opuesta del consumismo, la explotación desaforada de las riquezas naturales y los recursos energéticos, el lujo descarado y la suntuosidad actualmente instalada en todas las esferas de la vida pública y privada al amparo del poderoso marketing al que nos someten continuamente las grandes multinacionales.
Austeridad significa transparencia en las cuentas públicas y combate a la evasión fiscal, revalorización y cuidado de lo público.
La tercera República, pretende convertir la austeridad en eje central sobre la cual, inexorablemente deberán regirse las instituciones públicas y hacia cuyo fin deberán ir siempre encaminadas todas sus actuaciones. Por ese motivo, la autoridad republicana deberá ostentar su legitimidad sobre la base del ejemplo y la virtud.
La tercera República no reparará ningún gasto en garantizar que todos los ciudadanos gocen de alimentos, vivienda, salud y educación; bienes y servicios sobre los que jamás se podrá especular, los cuales siempre deberán serán garantizados por el Estado de forma universal.
Para lograr este modelo de sociedad plena en derechos, la tercera República establecerá como mandato a las administraciones la realización de sus actuaciones de la siguiente forma: sobriedad en lo accesorio y abundancia de recursos bien administrados para las necesidades. La austeridad bien entendida debe ser sinónimo de racionalidad y sintonía entre necesidades sociales y aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias.
El concepto de austeridad que proponemos, es absolutamente diferente al recogido en los tratados de Mäastricht y Ámsterdam en los cuales se propugna el denominado Déficit 0. En estos tratados internacionales de claro sesgo neoliberal, no se cuestiona el derroche y el mal gasto de la riqueza de propiedad colectiva, sino que muy por el contrario, marcan como objetivo fundamental la necesidad de dejar de entender como objetivo público prioritario el abastecimiento de las necesidades sociales básicas.
Un primer paso que deben llevar a cabo las instituciones republicanas, debe ser la eliminación de las múltiples partidas de gastos suntuosos que abundan en todos los presupuestos de las diferentes administraciones públicas. Se deberán eliminar al mismo tiempo los cargos institucionales inoperantes o prescindibles y los sueldos de los representantes populares deberán atenerse a criterios de estricta racionalidad, todo lo contrario de lo que sucede actualmente.
Desde las instituciones republicanas, informadas por el principio de la austeridad y empapadas inevitablemente por el poder emancipador de la democracia participativa, se promoverá la creación de una cultura verdaderamente popular, fruto de la participación activa de la ciudadanía. En las fiestas populares, se fomentará la inversión de los roles actuales en los que el espectáculo lo eclipsa todo. El espectáculo debe pasar a segundo plano para dar paso al poderío aplastante de la participación creativa de la ciudadanía.
Para hacer posible que se cumpla este principio, tan necesario para lograr el respeto medioambiental y la garantía de los derechos individuales y sociales, es imprescindible promover desde la escuela pública y transversalmente desde el resto de esferas del Estado, la formación de una conciencia cívica, con la cual se aprenda a valorar lo que es realmente importante para el desarrollo del ser Humano y la sociedad en que este se desarrolla.
La educación, la cultura, los valores ciudadanos y las actitudes de quienes deben ser ejemplos vivientes desde sus responsabilidades pueden lograr una potenciación de esa conciencia.
No hace falta que esperemos a que nazca la tercera República para aplicar este principio. Es más, la tercera Republica tan solo será posible cuando los republicanos tengamos enteramente asimilada la austeridad en nuestra conciencia.

José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 11, página 5)

LA REPÚBLICA QUE PROPONEMOS (VII)

La tercera República que proponemos, tiene como siguiente eje central la creación de un modelo de Estado federal, simétrico y solidario.

El federalismo es el único modelo posible con el que una realidad tan compleja y rica como es la de los pueblos que componen España, puede superar el difícil reto que la globalización neoliberal plantea para este siglo. Gracias a la consecución de este pacto libre entre iguales, se consigue conjugar el derecho al autogobierno con la unidad necesaria para hacer frente a los retos que plantea el capitalismo en el siglo XXI.

El gran reto que pretende alcanzarse a través del federalismo, no es otro que la construcción de un Estado que todos sus integrantes, naciones, nacionalidades, regiones, etc. convengan en asumir como propio sin reticencias, lo cual es inalcanzable con el actual modelo autonómico.
El federalismo es la forma que debe adoptar un estado moderno como el que queremos para la tercera República. Gracias a la fórmula federal, se podrá superar el localismo caciquil y el centralismo uniformador hoy impuestos, extremos desde los que fluctúan las relaciones de poder existentes en la actualidad y que no suponen mas que una traba para el progreso.
Con el modelo federal se podrá reconducir el debate a la verdadera contradicción existente en el sistema económico en el que actualmente vivimos: la contradicción entre poseedores y desposeídos, explotadores y explotados. La república federal es el marco idóneo para la reconducción del debate hacia esos términos, así como es el escenario perfecto para lograr la superación de dicha contradicción.
Los intentos de configuración de una España unitaria y centralista, han venido siempre de la mano de los borbones, desde que Felipe V así lo estableciera. Con el derrocamiento de la dinastía borbónica, España y sus pueblos podrán al fin hacer de su destino bandera común, sin ninguna restricción, desde la consolidación de un pacto libremente adoptado y unánimemente asumido.
Tal afirmación conlleva la defensa del derecho de autodeterminación, lo cual no implica apoyar la independencia de comunidades autónomas en las que, como Cataluña o el País Vasco, los «hechos diferenciales» están más acentuados.
Como propuestas concretas, planteamos la organización del Estado entorno a tres Administraciones territoriales: Estado federal, Estados federados y municipios, procediendo a la comarcalización de las provincias.
En la redacción de la constitución, es necesario que se recojan con claridad las atribuciones, competencias y financiación de cada una de las Administraciones que configuran el Estado republicano. Así mismo debe quedar clara la jerarquía ejecutiva, normativa, legislativa y judicial existente entre los tres poderes que gobiernan cada Administración. En defecto de estos principios de actuación y de relación entre las administraciones del Estado, será siempre de aplicación el principio de subsidiariedad.
El Estado federal y por ende sus instrumentos de política económica, fiscal y financiera, han de asentarse sobre el principio de igualdad entre las personas y los territorios, para así mantener y ampliar la solidaridad de las clases trabajadoras en contra de intereses y modelos asimétricos, particularistas o disgregadores.
Por ello el autogobierno debe tener unos límites claros que garanticen la cohesión social y el progreso económico y social, de tal modo que favorezcan la igualdad de oportunidades, derechos y servicios de los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan. Por lo tanto se ha de garantizar:
Ø La unidad de los mecanismos de financiación de la protección social y la regulación del mercado de trabajo.
Ø Una fiscalidad homogénea, que con independencia de la gestión de cada parte, no permita la competencia fiscal a la baja.
Ø La existencia de mecanismos de solidaridad horizontal que hagan posible la igualdad en el derecho al acceso a un nivel medio de servicios públicos garantizado.
Con todo lo expuesto, se debe afirmar que, para que un territorio pueda acordar federarse para construir un nuevo Estado federado dentro de la república española, deberá asumir como propios los pilares sobre los que se levanta la república que proponemos.
En coherencia con el modelo de Estado que proponemos, el gobierno republicano deberá impulsar la transformación de la Unión Europea hacia la construcción de una Europa federal, que regida democráticamente, acepte la libre autodeterminación de los pueblos y estados que libremente han asumido formar como parte integrante de ella.

José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 12)

lunes, 10 de mayo de 2010

Apoyo a Marcos Ana


En nombre del Ateneo Republicano de Astorga y con motivo de su reciente e inesperado ingreso en el Hospital, queremos ofrecerle nuestro cariño y esperanza para animarle a su pronta recuperación.
Es evidente la melancolía general que se respira entre nosotros cuando nos informan de su salud, recordando al mismo tiempo los grandes momentos que pudimos vivir con usted. Le tenemos en alta estima, sus ansias por luchar y animar a los demás a hacerlo, nos hicieron ver lo difícil que tuvo que ser superar todo lo vivido en la cárcel y fuera de ella. Gracias a usted mucha gente abre sus ojos a la realidad y no dejan que el olvido llegue a nuestras mentes. Gracias a usted muchas palabras de “no opino” se han convertido en “hay que hablar, no nos vamos a callar”.
Por ello confiamos en poder seguir disfrutando de sus charlas y escuchar sus palabras bañadas en la experiencia propia.
Un saludo y un abrazo.
Ateneo Republicano de Astorga.

VIVA LA REPÚBLICA
*XAX*

domingo, 9 de mayo de 2010

LA FOSA COMÚN DEL CUARTEL MILITAR "SANTOCILDES"


www.diariodeleon.es/noticias/noticia.asp?pkid=523297