Cada día se observa como los acontecimientos referidos al recuerdo y homenaje de la II República se multiplican, así como también son cada vez más los jóvenes que se sienten identificados con la bandera tricolor. Ello obliga a que comencemos a elaborar propuestas que vayan definiendo el contenido de la República que queremos para el s. XXI. Para ello es indispensable que al evocar la palabra República no lo hagamos tanto con nostalgia, sino sobre todo pensando en hoy y en mañana.
Nuestra labor es construir una III República entendida como marco económico, social, político, cultural e institucional en el que los ciudadanos y ciudadanas se doten libremente y por el que se consienten para afrontar los problemas y sus soluciones. Es por lo tanto un modelo de sociedad total e integrador en ámbitos y parámetros totalmente conformes con las aspiraciones expresadas en los grandes documentos que han recogido la lucha secular por la Igualdad, la Libertad y la Fraternidad. Dicha República se define por la capacidad y la entidad de su propuesta, para la cuál recaba de la participación activa de la ciudadanía y de los colectivos en la que esta se organiza, para así ir creando un marco nuevo. La República no viene, se trae construyéndola. La constitución de la III República española se deberá vertebrar en torno a los siguientes ejes y contenidos:
· Deberá incluir en su articulado las tres generaciones de Derechos Humanos, es decir, los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, así como los derechos medio ambientales. Los dos primeros bloques incluyen el derecho a la Autodeterminación de los pueblos, ya reconocido por el Estado español desde 1977.Para el tercer bloque no vale una mera mención, sino que deben incorporarse en su totalidad añadiéndolos con precisión y de forma vinculante en su articulado. Para que estos derechos sean efectivos es necesaria inevitablemente una sociedad de pleno empleo y ocupación, disminución de la jornada laboral y reparto del trabajo, desarrollo sostenible, protección social plena y fiscalidad progresiva.
· Establecerá la Democracia Real y Participativa debiendo profundizarse en la práctica, llegando de ese modo hasta sus ultimas consecuencias, incluyendo aquellas parcelas que le han sido sustraídas (la economía, la cultura, la política en todos sus ámbitos, el funcionamiento de las instituciones, etc.). La República es la forma mas avanzada de Democracia. Si aceptamos definir la democracia como``convenio permanente entre seres humanos libre e iguales para seguir permaneciendo conviniendo ´´, es indudable que en un determinado momento pase a ser algo consustancial y no reglado. Ello dependerá de la capacidad de ir creciendo en conciencia ciudadana, responsabilidad, aprendizaje y libertad. Democracia para esta República no es solo marco de convivencia, sino también meta, instrumento, ciencia y auto-desarrollo.
· Compromiso con la paz. Retomando el artículo 6º de la Constitución de la II República, pasará el ejército a tener una actitud estrictamente defensiva. La seguridad debe ir girando del campo militar al campo de lo estrictamente civil. Una sociedad segura será aquella que atiende a las necesidades de sus miembros y procura establecer mecanismos económicos, sociales, políticos, ideológicos y culturales que conformen unos nuevos valores sociales.
· Laicidad, retomando el artículo 3º de la constitución de la II República se impondrá una total separación de las distintas iglesias y confesiones religiosas del Estado. La laicidad se apoya en dos pilares: la ética, en si misma libertad absoluta y el status cívico que define la separación de las iglesias del Estado. Establece dos universos distintos: el interés general y la convicción particular. No se puede entender República sin laicidad. Ello comporta el rechazo al racismo y a la segregación y promueve la integración y la participación de todos en una colectividad de cuidadnos libres e iguales en derechos y deberes. La ética conduce inevitablemente a la justicia social, es decir, igualdad de derechos, de deberes y de oportunidades. La instrucción laica, la escuela y el derecho a la información y a al aprendizaje de la crítica son las condiciones de esta igualdad. La religión no se impartirá en la escuela.
· Austeridad. La sociedad se fundamentará en el desarrollo sostenible y en el equilibro ecológico de la naturaleza. La austeridad se presenta como alternativa al consumismo, el derroche energético y la explotación desaforada de las riquezas naturales. Se plantea la austeridad como virtud cívica que debe informar los valores y actuaciones de todas las instituciones públicas. La austeridad referida a la cultura, invierte el rol cultural actual en el que el espectáculo es el todo y la participación activa nada. Por lo tanto, austeridad es racionalidad y sintonía entre necesidades sociales y aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias. Para consolidar este principio es imprescindible potenciar la educación y la cultura de los valores ciudadanos.
· República Federal para un Estado en el que todos sus integrantes, naciones, nacionalidades, regiones, etc. convengan en asumir como propio sin reticencias. El modelo Federal, es el único que logrará que se deje de desviar la atención de los conflictos económicos entre poseedores y desposeídos. Esta propuesta parte de la voluntad de construcción libre, voluntaria y democrática, la cual parte del reconocimiento sin ambages del derecho a la Autodeterminación. La construcción de un Estado de Estados para España, partirá de una serie de premisas fundamentales aplicables a todas y cada una de las federaciones, naciones, nacionalidades y regiones: las federaciones respetaran lo dicho hasta ahora respecto de los ejes y contenidos en torno a los cuales versará esta República; El Estado se organizará en tres administraciones (Estado Federal, federaciones y municipios), por lo que desaparece la provincia y se comarcalizará la federación; En la atribución de competencias se tendrá en cuenta el principio de subsidiaridad.
· La República Federal deberá plantearse en el marco de una constitución federal y democrática para Europa.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 6, páginas 5 y 6)
jueves, 4 de febrero de 2010
La República que proponemos (II)
Uno de los pilares fundamentales sobre los que se sustenta la Tercera República que proponemos son las 3 generaciones de Derechos Humanos, percibidas estas a través de los derechos políticos y sociales (ambos recogidos en la solemne Declaración de los derechos humanos de la ONU de 10 de Diciembre de 1.948) y los derechos Medioambientales.
Primera generación
Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Estos derechos son fruto de las luchas de los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII.
Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran:
Libertad de expresión, derecho a un debido proceso y libertad religiosa.
Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
Toda persona tiene derecho a una Nacionalidad.
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país
Segunda generación
La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales resultados de la lucha del movimiento obrero contra la burguesía debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva, y son:
Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses (libertad sindical).
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita
Tercera generación
Este grupo fue promovido a partir de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos entre otros y están muy relacionados don los derechos medioambientales. Destacan los relacionados con:
El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.
El medio ambiente.
El patrimonio común de la humanidad.
El desarrollo que permita una vida digna.
El libre desarrollo de la personalidad.
Los derechos de la mujer
Como se puede observar, la mayoría de los países aunque dicen asumir estos derechos en la práctica no los cumplen pues entran en contradicción con el sistema capitalista vigente. Esto lo sintetiza Anguita diciendo que “Lo que desde luego está fuera de dudas es que la consecución de las tres generaciones de Derechos Humanos, para los 6.200 millones de habitantes del planeta tierra, es incompatible con la Globalización Capitalista, su filosofía: el Neoliberalismo y su discurso: el Pensamiento Único.
Por último, a modo de concretar en propuestas que expliciten objetivos claros y necesarios proponemos un polinomio que formulamos así:
SPE+ RT+ DS+ PSP + FP en el que:
-SP es Sociedad de Pleno Empleo y ocupación.
-RT es disminución de la jornada laboral y reparto del trabajo.
-DS es Desarrollo Sostenible según la primitiva formulación que negaba el concepto de Crecimiento Sostenido.
-PSP es Protección Social Plena.
-FP es Fiscalidad Progresiva
Llevando a la práctica estas leyes, creemos que la 3ª República se convertiría en un ejemplo de humanismo para todos los habitantes de la Tierra. Ahora solo falta que todos nos pongamos manos a la obra para construirla.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 7, páginas 4 y 5)
Primera generación
Se refiere a los derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Estos derechos son fruto de las luchas de los principales movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII.
Como resultado de esas luchas, esas exigencias fueron consagradas como auténticos derechos y difundidos internacionalmente, entre los cuales figuran:
Libertad de expresión, derecho a un debido proceso y libertad religiosa.
Toda persona tiene derechos y libertades fundamentales sin distinción de raza, color, idioma, posición social o económica.
Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad jurídica.
Los hombres y las mujeres poseen iguales derechos.
Toda persona tiene derecho a una Nacionalidad.
En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él, en cualquier país
Segunda generación
La constituyen los derechos económicos, sociales y culturales resultados de la lucha del movimiento obrero contra la burguesía debido a los cuales, el Estado de Derecho pasa a una etapa superior, es decir, a un Estado Social de Derecho. Se demanda un Estado de Bienestar que implemente acciones, programas y estrategias, a fin de lograr que las personas los gocen de manera efectiva, y son:
Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y satisfactorias.
Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus intereses (libertad sindical).
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica y los servicios sociales necesarios.
Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a cuidados y asistencia especiales.
Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas modalidades.
La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita
Tercera generación
Este grupo fue promovido a partir de los setenta para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos entre otros y están muy relacionados don los derechos medioambientales. Destacan los relacionados con:
El uso de los avances de las ciencias y la tecnología.
La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos.
El medio ambiente.
El patrimonio común de la humanidad.
El desarrollo que permita una vida digna.
El libre desarrollo de la personalidad.
Los derechos de la mujer
Como se puede observar, la mayoría de los países aunque dicen asumir estos derechos en la práctica no los cumplen pues entran en contradicción con el sistema capitalista vigente. Esto lo sintetiza Anguita diciendo que “Lo que desde luego está fuera de dudas es que la consecución de las tres generaciones de Derechos Humanos, para los 6.200 millones de habitantes del planeta tierra, es incompatible con la Globalización Capitalista, su filosofía: el Neoliberalismo y su discurso: el Pensamiento Único.
Por último, a modo de concretar en propuestas que expliciten objetivos claros y necesarios proponemos un polinomio que formulamos así:
SPE+ RT+ DS+ PSP + FP en el que:
-SP es Sociedad de Pleno Empleo y ocupación.
-RT es disminución de la jornada laboral y reparto del trabajo.
-DS es Desarrollo Sostenible según la primitiva formulación que negaba el concepto de Crecimiento Sostenido.
-PSP es Protección Social Plena.
-FP es Fiscalidad Progresiva
Llevando a la práctica estas leyes, creemos que la 3ª República se convertiría en un ejemplo de humanismo para todos los habitantes de la Tierra. Ahora solo falta que todos nos pongamos manos a la obra para construirla.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 7, páginas 4 y 5)
LA REPÚBLICA QUE PROPONEMOS (III)
El segundo pilar sobre el que se asienta la tercera República que proponemos, es la democracia real y participativa, extensible a todos los ámbitos de la vida pública (cultura, economía, política, etc.).
Para esta República los ciudadanos no son simples sujetos pasivos, sino que son ellos mismos quienes deben decidir de forma directa el marco en el que desean desenvolverse.
La democracia participativa, consiste en una etapa superior a la democracia representativa, suponiendo un avance, tanto cuantitativamente como cualitativamente en las posibilidades que ofrece el desarrollo técnico y científico actual.
En la democracia participativa, los ciudadanos toman las decisiones de una parte sustancial del total de los presupuestos y los representantes políticos deben limitarse a llevar a cabo los mandatos del pueblo y desarrollar las actuaciones meramente coyunturales. Esta es la única razón que legitimará a los representantes políticos.
La democracia participativa de la tercera República, debe extenderse tanto al ámbito de la administración estatal como al de la administración local.
En el ámbito nacional su manifestación más clara es la aprobación por referéndum de las decisiones más trascendentales. Los ciudadanos también deben aprobar anualmente los presupuestos generales del Estado y en caso de no hacerlo se prorrogarían los del año anterior. Junto a esta facultad también aparecen la figura del revocatorio y el suplicatorio para poder cesar al presidente de la República sin necesidad de esperar a la finalización de la legislatura. La Constitución de la tercera República también debe fomentar la iniciativa legislativa popular (ILP), dando las facilidades que niega la actual constitución borbónica.
En el ámbito municipal la democracia participativa alcanza su máxima expresión con los Presupuestos Participativos. Este modelo exige la división de los municipios de mediana y gran extensión en asambleas de distrito o comunales. Dado que es el municipio el lugar más cercano a la vida del ciudadano, en el cual se desenvuelve cotidianamente, hace que éste sea un ámbito de especial importancia y objetivo estratégico para lograr la consecución de las aspiraciones de cambio y regeneración democrática que anhela la tercera República.
A diferencia de lo que puede parecer a primera vista, el Presupuesto Participativo no es una entelequia, muy por el contrario los procesos de co-gestión de la política municipal se suceden con resultados sorprendentes a lo largo y ancho de la geografía, tanto nacional como internacional. Es el caso de Porto Alegre (ciudad emblema del modelo alternativo de hacer política), Belo Horizonte, Caracas… y a nivel nacional, ciudades como Córdoba, Sevilla, Getafe, Fuenlabrada, Sabadell, Rivas-Vaciamadrid o Marinaleda.
Una vez explicado como sería la Democracia Participativa en la tercera República, cabe hacerse una pregunta: ¿Por qué la Constitución de la tercera República que proponemos considera como pilar irrenunciable la democracia participativa? Es decir, ¿Por que no basta con que cada cuatro años sigamos eligiendo a unos profesionales de la política que se encarguen de decidir como debe ser el entorno que nos rodea y en el cual realizamos nuestro quehacer cotidiano?
Valdría con responder que el espíritu que guía a los comunistas y al resto de compañeros que deseen unirse en nuestra lucha por la conquista de la emancipación del ser humano, es la simple y llana convicción democrática. Pero no se acaba aquí el potencial de la democracia participativa.
La política, tal cual nosotros la entendemos, sirve para tratar de resolver los problemas existentes y ésta (la democracia participativa) se presenta como una poderosa herramienta para corregirlos.
Con el modelo de Democracia Participativa por el que debe apostar la tercera República, desaparecería de las instituciones la tradicional estampa del cacique-alcalde acompañado por su séquito de parásitos. En su lugar se situaría un alcalde que no tendría otra legitimidad que no fuera la de acatar los dictados de lo que se decide en las asambleas. Tenemos por lo tanto ante nuestras narices el único antídoto infalible contra la corrupción, sin tener por ello que sustraer al municipio su autonomía.
Por otra parte, el principal grupo de presión del Ayuntamiento dejaría de estar constituido por constructores y demás hampones, con intereses claramente contrarios a los de la mayoría. Se daría paso a la gente de a pie y a las asociaciones en las que la sociedad civil se vertebra.
La democracia participativa conduce inexorablemente a la justicia social. Problemas estructurales del Estado Español, como la especulación urbanística desaparecerían de un plumazo. A la vez, veríamos como el hoy utópico derecho a la vivienda digna dejaría de ser un sueño.
Además, la democracia participativa, educa ciudadanía responsable, con elevada cultura política y sobretodo difícil de manipular, consciente de sus posibilidades y defensora de lo público, yendo a contracorriente de la ética individualista y de consumo irresponsable que se favorece a través de las instituciones hoy vigentes, aunque ya anquilosadas en el pasado.
Sobran las razones para afirmar de forma categórica que para la tercera República, la democracia participativa es un pilar irrenunciable.
Sobran también los motivos para que todos juntos, codo con codo, nos pongamos manos a la obra a construir esta República, nuestra
República, la República por y para y del pueblo.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 8, páginas 4 y 5)
Para esta República los ciudadanos no son simples sujetos pasivos, sino que son ellos mismos quienes deben decidir de forma directa el marco en el que desean desenvolverse.
La democracia participativa, consiste en una etapa superior a la democracia representativa, suponiendo un avance, tanto cuantitativamente como cualitativamente en las posibilidades que ofrece el desarrollo técnico y científico actual.
En la democracia participativa, los ciudadanos toman las decisiones de una parte sustancial del total de los presupuestos y los representantes políticos deben limitarse a llevar a cabo los mandatos del pueblo y desarrollar las actuaciones meramente coyunturales. Esta es la única razón que legitimará a los representantes políticos.
La democracia participativa de la tercera República, debe extenderse tanto al ámbito de la administración estatal como al de la administración local.
En el ámbito nacional su manifestación más clara es la aprobación por referéndum de las decisiones más trascendentales. Los ciudadanos también deben aprobar anualmente los presupuestos generales del Estado y en caso de no hacerlo se prorrogarían los del año anterior. Junto a esta facultad también aparecen la figura del revocatorio y el suplicatorio para poder cesar al presidente de la República sin necesidad de esperar a la finalización de la legislatura. La Constitución de la tercera República también debe fomentar la iniciativa legislativa popular (ILP), dando las facilidades que niega la actual constitución borbónica.
En el ámbito municipal la democracia participativa alcanza su máxima expresión con los Presupuestos Participativos. Este modelo exige la división de los municipios de mediana y gran extensión en asambleas de distrito o comunales. Dado que es el municipio el lugar más cercano a la vida del ciudadano, en el cual se desenvuelve cotidianamente, hace que éste sea un ámbito de especial importancia y objetivo estratégico para lograr la consecución de las aspiraciones de cambio y regeneración democrática que anhela la tercera República.
A diferencia de lo que puede parecer a primera vista, el Presupuesto Participativo no es una entelequia, muy por el contrario los procesos de co-gestión de la política municipal se suceden con resultados sorprendentes a lo largo y ancho de la geografía, tanto nacional como internacional. Es el caso de Porto Alegre (ciudad emblema del modelo alternativo de hacer política), Belo Horizonte, Caracas… y a nivel nacional, ciudades como Córdoba, Sevilla, Getafe, Fuenlabrada, Sabadell, Rivas-Vaciamadrid o Marinaleda.
Una vez explicado como sería la Democracia Participativa en la tercera República, cabe hacerse una pregunta: ¿Por qué la Constitución de la tercera República que proponemos considera como pilar irrenunciable la democracia participativa? Es decir, ¿Por que no basta con que cada cuatro años sigamos eligiendo a unos profesionales de la política que se encarguen de decidir como debe ser el entorno que nos rodea y en el cual realizamos nuestro quehacer cotidiano?
Valdría con responder que el espíritu que guía a los comunistas y al resto de compañeros que deseen unirse en nuestra lucha por la conquista de la emancipación del ser humano, es la simple y llana convicción democrática. Pero no se acaba aquí el potencial de la democracia participativa.
La política, tal cual nosotros la entendemos, sirve para tratar de resolver los problemas existentes y ésta (la democracia participativa) se presenta como una poderosa herramienta para corregirlos.
Con el modelo de Democracia Participativa por el que debe apostar la tercera República, desaparecería de las instituciones la tradicional estampa del cacique-alcalde acompañado por su séquito de parásitos. En su lugar se situaría un alcalde que no tendría otra legitimidad que no fuera la de acatar los dictados de lo que se decide en las asambleas. Tenemos por lo tanto ante nuestras narices el único antídoto infalible contra la corrupción, sin tener por ello que sustraer al municipio su autonomía.
Por otra parte, el principal grupo de presión del Ayuntamiento dejaría de estar constituido por constructores y demás hampones, con intereses claramente contrarios a los de la mayoría. Se daría paso a la gente de a pie y a las asociaciones en las que la sociedad civil se vertebra.
La democracia participativa conduce inexorablemente a la justicia social. Problemas estructurales del Estado Español, como la especulación urbanística desaparecerían de un plumazo. A la vez, veríamos como el hoy utópico derecho a la vivienda digna dejaría de ser un sueño.
Además, la democracia participativa, educa ciudadanía responsable, con elevada cultura política y sobretodo difícil de manipular, consciente de sus posibilidades y defensora de lo público, yendo a contracorriente de la ética individualista y de consumo irresponsable que se favorece a través de las instituciones hoy vigentes, aunque ya anquilosadas en el pasado.
Sobran las razones para afirmar de forma categórica que para la tercera República, la democracia participativa es un pilar irrenunciable.
Sobran también los motivos para que todos juntos, codo con codo, nos pongamos manos a la obra a construir esta República, nuestra
República, la República por y para y del pueblo.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 8, páginas 4 y 5)
La República que proponemos (V)
Continuando con la serie de artículos en los que queremos explicar nuestro modelo de república, llegamos al cuarto eje sobre el que se debe asentar una futura Constitución de la III República: es la LAICIDAD.
Su antecedente, lo encontramos en el artículo 3º de la Constitución de 1931, según el cual, “el Estado no tiene religión oficial”. Este estatus cívico definido por la separación entre Iglesia y Estado, es junto con la ética, el pilar en el que se apoya la laicidad.
La Constitución de la III República, parte de la existencia de dos universos distintos: el del interés general y el de las convicciones personales. El interés general, es el “reino” de la política, donde nunca debe existir ni dios ni amo. Esta esfera, establece la interrelación que existe entre el individuo y el medio social en que desarrolla su existencia. Por eso, para que una sociedad logre construirse democráticamente, el lugar de la Soberanía Popular no debe ser usurpado por poderes económicos ni divinos que sustraigan al pueblo sus legítimas aspiraciones de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
La otra cara de la moneda, es la esfera de las convicciones personales, en la cual el Estado debe asegurar la libertad de conciencia. La fe de unos no puede ser impuesta al resto de los ciudadanos. De este modo, la laicidad conduce a la justicia social por el camino de la democracia participativa y acompañada por la paz y el respeto a los Derechos Humanos.
Esta justicia social, trae consigo la Igualdad en derechos, deberes y oportunidades, por lo que deberán desaparecer inexorablemente los privilegios históricamente adquiridos por la Iglesia y otras élites minoritarias.
En el ámbito de la educación, para lograr la separación entre Iglesia y Estado y una verdadera libertad de conciencia, la religión dejará de impartirse en las escuelas. La instrucción laica, la escuela laica y el derecho a la formación y al aprendizaje de la crítica, son condiciones sine qua non para que el laicismo sea un aporte efectivo de cara a la consecución de la Igualdad.
La Constitución de la III República, derogará tajantemente el Concordato suscrito por el Estado con la Iglesia católica y el resto de acuerdos celebrados con otras confesiones minoritarias.
De este modo, la laicidad no excluye, integra y fomenta la coexistencia y relación permanente de cultura diversas, así como rechaza el racismo, la xenofobia y la segregación.
La República promoverá la integración cultural y la participación de todos los ciudadanos en una colectividad de libres e iguales en derechos y deberes.
La laicidad, impone al Estado el deber de proporcionar a todos los ciudadanos las herramientas necesarias para que forjen su propia personalidad, libre de compromisos, responsable de su desarrollo y dueño de su destino.
El Estado debe ser garante de evitar cualquier injerencia en el ámbito de las convicciones personales.
Así es como el Estado, a través de la promoción de la libertad de conciencia, trata de que la ciudadanía se despoje de todo aquello que aliene su pensamiento y sea caldo de cultivo de ideas preconcebidas, dogmáticas, que lleven a situaciones opresoras.
La libertad de conciencia, consustancial a la laicidad, es la Emancipación, más allá de la consideración de todos los dogmas (derecho a creer o no creer en Dios, autonomía del pensamiento frente a cualquier obligación religiosa, política o económica; liberación de los modos de vida referentes a los tabúes, las ideas dominantes y las reglas dogmáticas).
La consecuencia de la libertad de conciencia, es la libertad de expresión asentada sobre la tolerancia y el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. La laicidad fortalece la moral individual y la ética social.
El objetivo último de la laicidad que propugna la Constitución de la III República española, es forjar una sociedad Humana, libre de explotación y condicionamiento del hombre por el hombre, fanatismo, odio y violencia. Es decir: Socialismo.
Con todo lo expuesto, se puede afirmar que la III República, o será laica, o no será.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 10, página 8)
Su antecedente, lo encontramos en el artículo 3º de la Constitución de 1931, según el cual, “el Estado no tiene religión oficial”. Este estatus cívico definido por la separación entre Iglesia y Estado, es junto con la ética, el pilar en el que se apoya la laicidad.
La Constitución de la III República, parte de la existencia de dos universos distintos: el del interés general y el de las convicciones personales. El interés general, es el “reino” de la política, donde nunca debe existir ni dios ni amo. Esta esfera, establece la interrelación que existe entre el individuo y el medio social en que desarrolla su existencia. Por eso, para que una sociedad logre construirse democráticamente, el lugar de la Soberanía Popular no debe ser usurpado por poderes económicos ni divinos que sustraigan al pueblo sus legítimas aspiraciones de Libertad, Igualdad y Fraternidad.
La otra cara de la moneda, es la esfera de las convicciones personales, en la cual el Estado debe asegurar la libertad de conciencia. La fe de unos no puede ser impuesta al resto de los ciudadanos. De este modo, la laicidad conduce a la justicia social por el camino de la democracia participativa y acompañada por la paz y el respeto a los Derechos Humanos.
Esta justicia social, trae consigo la Igualdad en derechos, deberes y oportunidades, por lo que deberán desaparecer inexorablemente los privilegios históricamente adquiridos por la Iglesia y otras élites minoritarias.
En el ámbito de la educación, para lograr la separación entre Iglesia y Estado y una verdadera libertad de conciencia, la religión dejará de impartirse en las escuelas. La instrucción laica, la escuela laica y el derecho a la formación y al aprendizaje de la crítica, son condiciones sine qua non para que el laicismo sea un aporte efectivo de cara a la consecución de la Igualdad.
La Constitución de la III República, derogará tajantemente el Concordato suscrito por el Estado con la Iglesia católica y el resto de acuerdos celebrados con otras confesiones minoritarias.
De este modo, la laicidad no excluye, integra y fomenta la coexistencia y relación permanente de cultura diversas, así como rechaza el racismo, la xenofobia y la segregación.
La República promoverá la integración cultural y la participación de todos los ciudadanos en una colectividad de libres e iguales en derechos y deberes.
La laicidad, impone al Estado el deber de proporcionar a todos los ciudadanos las herramientas necesarias para que forjen su propia personalidad, libre de compromisos, responsable de su desarrollo y dueño de su destino.
El Estado debe ser garante de evitar cualquier injerencia en el ámbito de las convicciones personales.
Así es como el Estado, a través de la promoción de la libertad de conciencia, trata de que la ciudadanía se despoje de todo aquello que aliene su pensamiento y sea caldo de cultivo de ideas preconcebidas, dogmáticas, que lleven a situaciones opresoras.
La libertad de conciencia, consustancial a la laicidad, es la Emancipación, más allá de la consideración de todos los dogmas (derecho a creer o no creer en Dios, autonomía del pensamiento frente a cualquier obligación religiosa, política o económica; liberación de los modos de vida referentes a los tabúes, las ideas dominantes y las reglas dogmáticas).
La consecuencia de la libertad de conciencia, es la libertad de expresión asentada sobre la tolerancia y el respeto hacia los demás y hacia uno mismo. La laicidad fortalece la moral individual y la ética social.
El objetivo último de la laicidad que propugna la Constitución de la III República española, es forjar una sociedad Humana, libre de explotación y condicionamiento del hombre por el hombre, fanatismo, odio y violencia. Es decir: Socialismo.
Con todo lo expuesto, se puede afirmar que la III República, o será laica, o no será.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 10, página 8)
LA REPÚBLICA QUE PROPONEMOS (VI)
El quinto pilar sobre el que debe asentarse la tercera República que proponemos es LA AUSTERIDAD, valor netamente republicano y necesariamente inspirador de la actuación de sus instituciones públicas.
Austeridad, entendida como el único modo posible de lograr articular una sociedad basada en el desarrollo sostenible y en equilibrio ecológico con la naturaleza.
La austeridad es la cara opuesta del consumismo, la explotación desaforada de las riquezas naturales y los recursos energéticos, el lujo descarado y la suntuosidad actualmente instalada en todas las esferas de la vida pública y privada al amparo del poderoso marketing al que nos someten continuamente las grandes multinacionales.
Austeridad significa transparencia en las cuentas públicas y combate a la evasión fiscal, revalorización y cuidado de lo público.
La tercera República, pretende convertir la austeridad en eje central sobre la cual, inexorablemente deberán regirse las instituciones públicas y hacia cuyo fin deberán ir siempre encaminadas todas sus actuaciones. Por ese motivo, la autoridad republicana deberá ostentar su legitimidad sobre la base del ejemplo y la virtud.
La tercera República no reparará ningún gasto en garantizar que todos los ciudadanos gocen de alimentos, vivienda, salud y educación; bienes y servicios sobre los que jamás se podrá especular, los cuales siempre deberán serán garantizados por el Estado de forma universal.
Para lograr este modelo de sociedad plena en derechos, la tercera República establecerá como mandato a las administraciones la realización de sus actuaciones de la siguiente forma: sobriedad en lo accesorio y abundancia de recursos bien administrados para las necesidades. La austeridad bien entendida debe ser sinónimo de racionalidad y sintonía entre necesidades sociales y aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias.
El concepto de austeridad que proponemos, es absolutamente diferente al recogido en los tratados de Mäastricht y Ámsterdam en los cuales se propugna el denominado Déficit 0. En estos tratados internacionales de claro sesgo neoliberal, no se cuestiona el derroche y el mal gasto de la riqueza de propiedad colectiva, sino que muy por el contrario, marcan como objetivo fundamental la necesidad de dejar de entender como objetivo público prioritario el abastecimiento de las necesidades sociales básicas.
Un primer paso que deben llevar a cabo las instituciones republicanas, debe ser la eliminación de las múltiples partidas de gastos suntuosos que abundan en todos los presupuestos de las diferentes administraciones públicas. Se deberán eliminar al mismo tiempo los cargos institucionales inoperantes o prescindibles y los sueldos de los representantes populares deberán atenerse a criterios de estricta racionalidad, todo lo contrario de lo que sucede actualmente.
Desde las instituciones republicanas, informadas por el principio de la austeridad y empapadas inevitablemente por el poder emancipador de la democracia participativa, se promoverá la creación de una cultura verdaderamente popular, fruto de la participación activa de la ciudadanía. En las fiestas populares, se fomentará la inversión de los roles actuales en los que el espectáculo lo eclipsa todo. El espectáculo debe pasar a segundo plano para dar paso al poderío aplastante de la participación creativa de la ciudadanía.
Para hacer posible que se cumpla este principio, tan necesario para lograr el respeto medioambiental y la garantía de los derechos individuales y sociales, es imprescindible promover desde la escuela pública y transversalmente desde el resto de esferas del Estado, la formación de una conciencia cívica, con la cual se aprenda a valorar lo que es realmente importante para el desarrollo del ser Humano y la sociedad en que este se desarrolla.
La educación, la cultura, los valores ciudadanos y las actitudes de quienes deben ser ejemplos vivientes desde sus responsabilidades pueden lograr una potenciación de esa conciencia.
No hace falta que esperemos a que nazca la tercera República para aplicar este principio. Es más, la tercera Republica tan solo será posible cuando los republicanos tengamos enteramente asimilada la austeridad en nuestra conciencia.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 11, página 5)
Austeridad, entendida como el único modo posible de lograr articular una sociedad basada en el desarrollo sostenible y en equilibrio ecológico con la naturaleza.
La austeridad es la cara opuesta del consumismo, la explotación desaforada de las riquezas naturales y los recursos energéticos, el lujo descarado y la suntuosidad actualmente instalada en todas las esferas de la vida pública y privada al amparo del poderoso marketing al que nos someten continuamente las grandes multinacionales.
Austeridad significa transparencia en las cuentas públicas y combate a la evasión fiscal, revalorización y cuidado de lo público.
La tercera República, pretende convertir la austeridad en eje central sobre la cual, inexorablemente deberán regirse las instituciones públicas y hacia cuyo fin deberán ir siempre encaminadas todas sus actuaciones. Por ese motivo, la autoridad republicana deberá ostentar su legitimidad sobre la base del ejemplo y la virtud.
La tercera República no reparará ningún gasto en garantizar que todos los ciudadanos gocen de alimentos, vivienda, salud y educación; bienes y servicios sobre los que jamás se podrá especular, los cuales siempre deberán serán garantizados por el Estado de forma universal.
Para lograr este modelo de sociedad plena en derechos, la tercera República establecerá como mandato a las administraciones la realización de sus actuaciones de la siguiente forma: sobriedad en lo accesorio y abundancia de recursos bien administrados para las necesidades. La austeridad bien entendida debe ser sinónimo de racionalidad y sintonía entre necesidades sociales y aportaciones presupuestarias y de infraestructuras necesarias.
El concepto de austeridad que proponemos, es absolutamente diferente al recogido en los tratados de Mäastricht y Ámsterdam en los cuales se propugna el denominado Déficit 0. En estos tratados internacionales de claro sesgo neoliberal, no se cuestiona el derroche y el mal gasto de la riqueza de propiedad colectiva, sino que muy por el contrario, marcan como objetivo fundamental la necesidad de dejar de entender como objetivo público prioritario el abastecimiento de las necesidades sociales básicas.
Un primer paso que deben llevar a cabo las instituciones republicanas, debe ser la eliminación de las múltiples partidas de gastos suntuosos que abundan en todos los presupuestos de las diferentes administraciones públicas. Se deberán eliminar al mismo tiempo los cargos institucionales inoperantes o prescindibles y los sueldos de los representantes populares deberán atenerse a criterios de estricta racionalidad, todo lo contrario de lo que sucede actualmente.
Desde las instituciones republicanas, informadas por el principio de la austeridad y empapadas inevitablemente por el poder emancipador de la democracia participativa, se promoverá la creación de una cultura verdaderamente popular, fruto de la participación activa de la ciudadanía. En las fiestas populares, se fomentará la inversión de los roles actuales en los que el espectáculo lo eclipsa todo. El espectáculo debe pasar a segundo plano para dar paso al poderío aplastante de la participación creativa de la ciudadanía.
Para hacer posible que se cumpla este principio, tan necesario para lograr el respeto medioambiental y la garantía de los derechos individuales y sociales, es imprescindible promover desde la escuela pública y transversalmente desde el resto de esferas del Estado, la formación de una conciencia cívica, con la cual se aprenda a valorar lo que es realmente importante para el desarrollo del ser Humano y la sociedad en que este se desarrolla.
La educación, la cultura, los valores ciudadanos y las actitudes de quienes deben ser ejemplos vivientes desde sus responsabilidades pueden lograr una potenciación de esa conciencia.
No hace falta que esperemos a que nazca la tercera República para aplicar este principio. Es más, la tercera Republica tan solo será posible cuando los republicanos tengamos enteramente asimilada la austeridad en nuestra conciencia.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 11, página 5)
LA REPÚBLICA QUE PROPONEMOS (VII)
La tercera República que proponemos, tiene como siguiente eje central la creación de un modelo de Estado federal, simétrico y solidario.
El federalismo es el único modelo posible con el que una realidad tan compleja y rica como es la de los pueblos que componen España, puede superar el difícil reto que la globalización neoliberal plantea para este siglo. Gracias a la consecución de este pacto libre entre iguales, se consigue conjugar el derecho al autogobierno con la unidad necesaria para hacer frente a los retos que plantea el capitalismo en el siglo XXI.
El gran reto que pretende alcanzarse a través del federalismo, no es otro que la construcción de un Estado que todos sus integrantes, naciones, nacionalidades, regiones, etc. convengan en asumir como propio sin reticencias, lo cual es inalcanzable con el actual modelo autonómico.
El federalismo es la forma que debe adoptar un estado moderno como el que queremos para la tercera República. Gracias a la fórmula federal, se podrá superar el localismo caciquil y el centralismo uniformador hoy impuestos, extremos desde los que fluctúan las relaciones de poder existentes en la actualidad y que no suponen mas que una traba para el progreso.
Con el modelo federal se podrá reconducir el debate a la verdadera contradicción existente en el sistema económico en el que actualmente vivimos: la contradicción entre poseedores y desposeídos, explotadores y explotados. La república federal es el marco idóneo para la reconducción del debate hacia esos términos, así como es el escenario perfecto para lograr la superación de dicha contradicción.
Los intentos de configuración de una España unitaria y centralista, han venido siempre de la mano de los borbones, desde que Felipe V así lo estableciera. Con el derrocamiento de la dinastía borbónica, España y sus pueblos podrán al fin hacer de su destino bandera común, sin ninguna restricción, desde la consolidación de un pacto libremente adoptado y unánimemente asumido.
Tal afirmación conlleva la defensa del derecho de autodeterminación, lo cual no implica apoyar la independencia de comunidades autónomas en las que, como Cataluña o el País Vasco, los «hechos diferenciales» están más acentuados.
Como propuestas concretas, planteamos la organización del Estado entorno a tres Administraciones territoriales: Estado federal, Estados federados y municipios, procediendo a la comarcalización de las provincias.
En la redacción de la constitución, es necesario que se recojan con claridad las atribuciones, competencias y financiación de cada una de las Administraciones que configuran el Estado republicano. Así mismo debe quedar clara la jerarquía ejecutiva, normativa, legislativa y judicial existente entre los tres poderes que gobiernan cada Administración. En defecto de estos principios de actuación y de relación entre las administraciones del Estado, será siempre de aplicación el principio de subsidiariedad.
El Estado federal y por ende sus instrumentos de política económica, fiscal y financiera, han de asentarse sobre el principio de igualdad entre las personas y los territorios, para así mantener y ampliar la solidaridad de las clases trabajadoras en contra de intereses y modelos asimétricos, particularistas o disgregadores.
Por ello el autogobierno debe tener unos límites claros que garanticen la cohesión social y el progreso económico y social, de tal modo que favorezcan la igualdad de oportunidades, derechos y servicios de los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan. Por lo tanto se ha de garantizar:
Ø La unidad de los mecanismos de financiación de la protección social y la regulación del mercado de trabajo.
Ø Una fiscalidad homogénea, que con independencia de la gestión de cada parte, no permita la competencia fiscal a la baja.
Ø La existencia de mecanismos de solidaridad horizontal que hagan posible la igualdad en el derecho al acceso a un nivel medio de servicios públicos garantizado.
Con todo lo expuesto, se debe afirmar que, para que un territorio pueda acordar federarse para construir un nuevo Estado federado dentro de la república española, deberá asumir como propios los pilares sobre los que se levanta la república que proponemos.
En coherencia con el modelo de Estado que proponemos, el gobierno republicano deberá impulsar la transformación de la Unión Europea hacia la construcción de una Europa federal, que regida democráticamente, acepte la libre autodeterminación de los pueblos y estados que libremente han asumido formar como parte integrante de ella.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 12)
El federalismo es el único modelo posible con el que una realidad tan compleja y rica como es la de los pueblos que componen España, puede superar el difícil reto que la globalización neoliberal plantea para este siglo. Gracias a la consecución de este pacto libre entre iguales, se consigue conjugar el derecho al autogobierno con la unidad necesaria para hacer frente a los retos que plantea el capitalismo en el siglo XXI.
El gran reto que pretende alcanzarse a través del federalismo, no es otro que la construcción de un Estado que todos sus integrantes, naciones, nacionalidades, regiones, etc. convengan en asumir como propio sin reticencias, lo cual es inalcanzable con el actual modelo autonómico.
El federalismo es la forma que debe adoptar un estado moderno como el que queremos para la tercera República. Gracias a la fórmula federal, se podrá superar el localismo caciquil y el centralismo uniformador hoy impuestos, extremos desde los que fluctúan las relaciones de poder existentes en la actualidad y que no suponen mas que una traba para el progreso.
Con el modelo federal se podrá reconducir el debate a la verdadera contradicción existente en el sistema económico en el que actualmente vivimos: la contradicción entre poseedores y desposeídos, explotadores y explotados. La república federal es el marco idóneo para la reconducción del debate hacia esos términos, así como es el escenario perfecto para lograr la superación de dicha contradicción.
Los intentos de configuración de una España unitaria y centralista, han venido siempre de la mano de los borbones, desde que Felipe V así lo estableciera. Con el derrocamiento de la dinastía borbónica, España y sus pueblos podrán al fin hacer de su destino bandera común, sin ninguna restricción, desde la consolidación de un pacto libremente adoptado y unánimemente asumido.
Tal afirmación conlleva la defensa del derecho de autodeterminación, lo cual no implica apoyar la independencia de comunidades autónomas en las que, como Cataluña o el País Vasco, los «hechos diferenciales» están más acentuados.
Como propuestas concretas, planteamos la organización del Estado entorno a tres Administraciones territoriales: Estado federal, Estados federados y municipios, procediendo a la comarcalización de las provincias.
En la redacción de la constitución, es necesario que se recojan con claridad las atribuciones, competencias y financiación de cada una de las Administraciones que configuran el Estado republicano. Así mismo debe quedar clara la jerarquía ejecutiva, normativa, legislativa y judicial existente entre los tres poderes que gobiernan cada Administración. En defecto de estos principios de actuación y de relación entre las administraciones del Estado, será siempre de aplicación el principio de subsidiariedad.
El Estado federal y por ende sus instrumentos de política económica, fiscal y financiera, han de asentarse sobre el principio de igualdad entre las personas y los territorios, para así mantener y ampliar la solidaridad de las clases trabajadoras en contra de intereses y modelos asimétricos, particularistas o disgregadores.
Por ello el autogobierno debe tener unos límites claros que garanticen la cohesión social y el progreso económico y social, de tal modo que favorezcan la igualdad de oportunidades, derechos y servicios de los ciudadanos, independientemente del lugar en el que vivan. Por lo tanto se ha de garantizar:
Ø La unidad de los mecanismos de financiación de la protección social y la regulación del mercado de trabajo.
Ø Una fiscalidad homogénea, que con independencia de la gestión de cada parte, no permita la competencia fiscal a la baja.
Ø La existencia de mecanismos de solidaridad horizontal que hagan posible la igualdad en el derecho al acceso a un nivel medio de servicios públicos garantizado.
Con todo lo expuesto, se debe afirmar que, para que un territorio pueda acordar federarse para construir un nuevo Estado federado dentro de la república española, deberá asumir como propios los pilares sobre los que se levanta la república que proponemos.
En coherencia con el modelo de Estado que proponemos, el gobierno republicano deberá impulsar la transformación de la Unión Europea hacia la construcción de una Europa federal, que regida democráticamente, acepte la libre autodeterminación de los pueblos y estados que libremente han asumido formar como parte integrante de ella.
José Mª J. F.
(Publicado en El Insolente Nº 12)
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